Como se dijo en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, urge buscar esos resortes que puedan estimular la producción de alimentos. Autor: Roberto Suárez Autor: Roberto Suárez Publicado: 01/11/2023 | 09:47 am
En muchos lugares de Cuba se debate sobre cómo devolver el aliento a la depauperada producción agropecuaria. Son muchas las fórmulas que se proponen, pero la mayoría pasan por darles recursos a los que tienen tierra, darles tierras a los que quieran y tengan cultura para trabajarla, y resolver los problemas de la comercialización.
En medio de una crisis alimentaria profunda, causada por el recrudecimiento del bloqueo del Gobierno estadounidense contra Cuba, e insuficientes inversiones en el sector agrícola, ahora se discute sobre otra interrogante: ¿qué sucede con las normas jurídicas aprobadas para resolver la comida del pueblo?
Desde 2018 hasta la fecha se han aprobado 15 políticas y las normas jurídicas que las instrumentan, las cuales engloban dos leyes, ocho decretos leyes, 11 decretos y varias resoluciones del Ministerio de la Agricultura (Minag).
Según Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Minag, todas son robustas, de alta valía, modernas y con reconocimiento internacional, como la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual tiene una serie de ejes estratégicos que parten no solo de alcanzar lo que su nombre indica, sino también de organizar sistemas alimentarios locales, con normas que refrendan la inocuidad de los alimentos, prevén pérdidas y desperdicios.
Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Minag, confía en que las normas ayudarán al desarrollo de la agricultura. Foto: Cortesía de la entrevistada
Pero, según la joven funcionaria, todo ello debe acompañarse de medidas económicas y fiscales, insumos, estímulos y bonificaciones, para que cuando estas normas se apliquen las personas puedan tener un mejor desarrollo de la actividad que realizan por aplicarlas.
«Todos somos responsables de la implementación adecuada de las normas jurídicas. Y el sector agropecuario y forestal también apuesta por una reforma legislativa profunda. El Minag tiene la función específica de elaborar las políticas agrarias y las normas jurídicas que la instrumentan».
Refiere que es cierto que ni políticas ni normas jurídicas significan comida inmediata en la mesa de los cubanos, pero sin buenas políticas y marcos legales que levanten trabas a nuestros productores y organicen la actividad agropecuaria y forestal de forma novedosa tampoco alcanzaremos la satisfacción del derecho a la alimentación de nuestra población.
Indica también que resulta tarea priorizada de todos los órganos y organismos de la Administración Central del Estado contribuir de manera efectiva a este proceso de fortale-
cimiento de la institucionalidad. Explica que las normas jurídicas organizan las actividades y regulan el compor-
tamiento de las personas y las situaciones por las que atraviesan. También determinan el funcionamiento de instituciones, los poderes del Estado y del Gobierno.
«Ninguna sociedad moderna puede vivir sin leyes. Los legisladores tienen la responsabilidad de elaborar las necesarias para el país y que estas estén orientadas al bienestar de la mayoría de la ciudadanía», comenta mientras remarca que los gobernantes tienen la responsabilidad de administrar el país en orden a las leyes que la nación ha fijado para su convivencia.
Cumplir y respetar
La Directora Jurídica del Minag precisa que el sistema de tribunales tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes y los ciudadanos la obligación de respetarlas y denunciar sus transgresiones.
Reflexiona que aunque ya se han tomado medidas, como poner multas a quienes infringen acápites de estas normas (lo mismo a personas naturales que jurídicas) —como dejar perder cosechas—, no se trata solo de aplicar sanciones y aplicar los sistemas contravencionales y regímenes penales y civiles ante tribunales. Primero hay que sostener una comunicación efectiva para que todas las personas conozcan que existen normas y hay que cumplirlas.
«Hay muchas lagunas en los propios operarios de las normas agrarias. Nuestros campesinos, las propias instancias municipales tienen un limitado acceso a internet. No es costumbre de los campesinos usar esta vía para informarse. Están más adaptados a la labor extensionista, a la comunicación cara a cara para apropiarse de los asuntos que deben conocer», apunta.
Cruz Legón reconoce que en los aspectos subjetivos resta la concientización en todos los niveles, pero fundamentalmente en el municipio. El proceso de implementación de estas políticas y sus normas jurídicas requiere transitar por etapas en las que la comunicación social y la capacitación sean procesos permanentes.
«También las acciones propias de su implementación deben ser concretas, con una definición clara de quiénes son los responsables de que se cumplan, fechas para que se cumplan y presupuestos determinados en todos los casos», remarca.
La funcionaria nos recuerda que desde la anterior legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el año 2022, se trabajaron un grupo importante de políticas y marcos legales a propósito de la implementación de la Constitución de la República de Cuba, el cronograma legislativo y las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria, la mayor parte de ellas, normas de rango superior: leyes, decretos-leyes y decretos.
«La aprobación en sí misma es el primer impacto de estas políticas, porque en su totalidad se trata de cuestiones que nunca habían tenido un respaldo legal en nuestro ordenamiento jurídico. Si se implementan correctamente, se disponen de los recursos necesarios, y se tiene en cuenta la prioridad real del sector agropecuario y forestal tributarán al objetivo máximo, que es la soberanía alimentaria en el país», señala.
Aclara que actualmente se trabaja en la elaboración de las políticas de uso y posesión de la tierra, de agroecología, extensión agraria, forestal y sanidad vegetal, así como en su instrumentación jurídica, con lo cual se completaría la actualización del marco legal y la política agraria del país.
Al referirse a lo concerniente al cumplimiento de la Política de bienestar animal, resaltó que no dejará de seguirse fiscalizando su cumplimiento, pero requiere de todos, pues transversaliza a la sociedad completa.
Esta joven jurista, plenamente identificada con los problemas que hoy frenan el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo, confía en que las normas ayudarán al desarrollo de la agricultura. Sugiere comprender cuán importantes son las leyes, si imaginamos una sociedad tratando de funcionar sin ellas.
«Las leyes proporcionan un marco y reglas para ayudar a resolver los conflictos derivados de las relaciones jurídicas entre las personas. En materia agraria, la reforma legislativa proporcionará el ordenamiento de los procesos, los actores y las tecnologías que intervienen en la producción, transformación y comercialización de alimentos hasta su consumo», acota.
