Trabajadores de empresas pesqueras y pescadores privados pertenecientes a los municipios de implementación del proyecto en Santa Cruz del Sur en la provincia de Camagüey; Manzanillo, Granma y Amancio en Las Tunas. Autor: Internet Publicado: 17/05/2024 | 02:07 pm
Los diputados de la Comisión Agroalimentaria aprobaron el informe que reúne los resultados de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal), como parte de las actividades previas al tercer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea Nacional de Poder Popular.
El análisis fue guiado por Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria del legislativo cubano.
Entre los asuntos analizados abordados estuvo la implementación de la Ley de Pesca, en lo cual se destaca que se han ejecutado 232 acciones de preparación en las que han participado más de 12 700 pescadores y 542 agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, dirigidas a elevar cualitativamente el cumplimiento y efecto de las regulaciones pesqueras.
“Como parte del sistema de trabajo, se ha mantenido el vínculo con los municipios costeros y los que tienen potencial para desarrollar la actividad acuícola, con el objetivo de generalizar el conocimiento en la aplicación de la Resolución 16/2024, sobre el otorgamiento de las licencias de pesca”, señaló el presidente de la Comisión Agroalimentaria.
“Esto ha favorecido un incremento en la emisión de las licencias en un 48 % con respecto al 2022; sin embargo, se decrece en la contratación de los pescadores comerciales no estatales con las empresas pesqueras u otras que pudieran transformar y comercializar las producciones que se obtienen”, añadió.
El informe refleja que las capturas declaradas por estos actores económicos ascendieron a 1 029,3 toneladas en el 2023 y 214,4 toneladas hasta abril del presente año, pero las empresas pesqueras solo han comprado 104,7 toneladas, un 48,8 % de la captura declarada.
Estos resultados muestran que es insuficiente el trabajo de las administraciones locales en conjunto con el sistema empresarial, para convertir en atractivo este mercado e incrementar las ofertas de esta proteína a la población en la red minorista estatal.
El análisis reveló que los municipios de Antilla y Gibara, en la provincia de Holguín, y de Sagua la Grande, en Villa Clara, han logrado sistemas de trabajo eficientes.
También se revisaron las violaciones de las regulaciones pesqueras. En ese sentido, fueron detectadas 2 642 infractores. El valor total de las multas impuestas asciende a 7 550 000 pesos, además del decomiso de artes de pesca, medios flotantes y productos pesqueros.
En el caso de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el informe destaca que el desarrollo de la actividad acuícola se ha desarrollado en la última etapa, principalmente en la recuperación de la infraestructura para la producción de alevines y en las áreas para la cría y la ceba.
