La norma establece el desarrollo de la agricultura en pequeña y mediana escala como parte de los sistemas alimentarios locales, y la mayor escala como parte de los polos productivos. Autor: Archivo Publicado: 21/08/2026 | 09:14 am
Con producciones que no cubren las necesidades nacionales y llevan al país a importar alimentos por montos extremadamente altos, la reciente Ley De Tierra Agropecuaria y Forestal puede abrir caminos para hacer las cosas diferentes, de manera que se obtengan resultados superiores, con la diana puesta en la soberanía y la seguridad alimentarias.
Aprobada en julio pasado por la Asamblea Nacional del Poder Popular tiene como objetivo establecer el marco general del régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte, y uso de la tierra y bienes agropecuarios por las personas naturales y jurídicas, para la adecuada regulación, gestión y administración de la tierra como medio de producción fundamental, en función del desarrollo agrario, como base de la soberanía alimentaria, la revalorización de la ruralidad y la justicia social.
Por primera vez en la legislación agraria cubanas quedan escritos los principios rectores de la propiedad posesión y uso de la tierra, y se actualizan los conceptos relacionados, a la vez que se reconocen los derechos de los campesinos y otros productores agropecuarios y forestales.
La norma establece el desarrollo de la agricultura en pequeña y mediana escala como parte de los sistemas alimentarios locales, y la mayor escala como parte de los polos productivos; así como que la vinculación de los productores agropecuarios y forestales entre sí, se realiza mediante la agricultura por contrato.
Esas definiciones deben tributar a trazar políticas y acciones que sean como un traje a la medida para cada una de las escalas, teniendo en cuenta que ningún territorio, ni el suelo ni las personas que trabajan la tierra son iguales.
Por otra parte, da luz verde a la realización de los productos turísticos de naturaleza, de aventuras, rural, ecoturismo y del agroturismo, consideradas como acciones complementarias a la producción, transformación y comercialización de alimentos, para diversificar los ingresos y el desarrollo de la agricultura, como otra fuente financiera de la producción fundamental, según lo previsto en la legislación agraria y del turismo vigentes.
A tenor con los nuevos tiempos, igualmente, se actualizan los principios aprobados para la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, flexibilizando el procedimiento de entrega a favor de personas naturales, y jurídicas cubanas y extranjeras, tanto para la producción agropecuaria y forestal como para el autoabastecimiento, el agroturismo y el ecoturismo.
Asimismo, se autoriza la entrega de tierras en usufructo a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas cubanas, con independencia de su objeto social, para la producción de alimentos, bienes y servicios agropecuarios o forestales, en correspondencia con las estrategias de desarrollo municipal.
Entre las novedades se encuentra los derechos de los usufructuarios sobre las bienhechurías, que incluye la posibilidad de legalización en propiedad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en materia de vivienda.
A su vez, actualiza las infracciones sobre el uso y posesión de la tierra y bienes agropecuarios, las medidas a aplicar y la reclamación ante inconformidades, que deberán tener un impacto positivo para el adecuado control del uso y posesión de la tierra.
En otro punto, la nueva ley reconoce, además, el acceso a la vía judicial para solucionar conflictos en materia agraria y la revisión de decisiones administrativas; así como el perfeccionamiento de los procedimientos administrativos y la inclusión de los métodos alternos para dichas soluciones, en correspondencia con el principio del debido proceso y procedimiento, y el derecho a la defensa del texto constitucional.
El camino
Según el titular de la Agricultura en la sesión parlamentaria, Ydael Pérez Brito, el camino que llevó al documento final es “el proceso más participativo y extenso que se ha hecho en el Ministerio de la Agricultura”.
En su redacción participaron representantes de las distintas empresas del sector, asociaciones, institutos de investigación, académicos, expertos y productores agropecuarios. De igual manera, recibieron el acompañamiento de varios organismos de colaboración internacional.
El texto desarrolla los postulados de la Constitución de la República de Cuba relacionados con las formas de propiedad sobre la tierra, la protección del derecho a la alimentación sana y adecuada, y la protección a las personas en situación de vulnerabilidad.
