La comprobación evaluó la marcha de la Resolución 600 del Ministerio de la Agricultura, una de las medidas aprobadas para dinamizar el sector e incrementar la producción de alimentos, además del cumplimento de las indicaciones contempladas en el Decreto 35, vinculadas a la comercialización de los productos agropecuarios. Autor: Estudios Revolución Publicado: 11/12/2022 | 09:13 pm
Por Demetrio Villaurrutia y Claudia Díaz
Durante el primer día de sesiones del X Período de Sesiones de la Asamblea Nacional correspondiente a la IX Legislatura que tiene lugar en el Palacio de las Convenciones, se realizó un análisis de los resultados de la Comprobación al Sistema de Empresas de Acopio, intercambio en el que participaron el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa.
El diputado Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria, presentó los resultados de la comprobación realizada por 42 diputados durante los meses de septiembre y octubre, que incluyó la visita a 22 unidades del Grupo Empresarial de Acopio.
La comprobación evaluó la marcha de la Resolución 600 del Ministerio de la Agricultura, una de las medidas aprobadas para dinamizar el sector e incrementar la producción de alimentos, además del cumplimento de las indicaciones contempladas en el Decreto 35, vinculadas a la comercialización de los productos agropecuarios.
El informe mostrado ante los diputados de las Comisiones Permanentes de Asuntos Económicos y de Agroalimentaria, refleja como aspectos negativos el incumplimiento de la contratación, los elevados gastos financieros, la ineficiente gestión de cobros y pagos, dilación en los procesos de disponibilidad laboral, altos gastos de transportación por la baja disponibilidad técnica, bajos niveles de ingresos en las unidades visitadas, así como debilidades en los sistemas de control interno asociados a faltantes, deterioro de los productos almacenados y deficiente contratación de personal, entre otros.
El informe refleja también inconformidades de la población por la baja oferta en la comercialización y oferta de productos agropecuarios y el balace de estos productos, a lo que se suman insatisfacciones con los precios concertados que no permiten que otras formas de comercialización disminuyan los precios.
Un punto neurálgico reflejado en el informe, está en el incumplimiento de los contratos por los proeveedores, con pérdidas de más de 38 mil toneladas de productos agropecuarias que representa aproximadamente 32 millones de pesos.
A lo anterior se suma la cadena de impagos, que al cierre de la comprobación ascendía a 604 millones de pesos en cuentas por cobrar y pagar.
El Presidente de la Comisión Agroalimentaria sugirió realizar un plan de medidas para dar respuesta a los problemas detectados, con el objetivo de fortalecer la contabilidad y control interno, y avanzar hacia análisis más integrales dirigidos a profundizar en las causas de las defiencias en la comercialización y distribución de alimentos.
El documento sometido al debate de los diputados, refiere la necesidad de ampliar la visión de directivos empresariales de Acopio en la distribución de las utilidades, que no debe dirigirse solo a destinar dinero para los trabajadores, sino también al mejoramiento de la calidad de los servicios, las condiciones materiales y la capacitación de los integrantes de cada colectivo.
Tras la presentación del informe sobre los resultados del sistema de comprobación al sistema de empresas de Acopio, los diputados de las Comisiones Permanentes de Asuntos Económicos y Agroalimentaria, basados en los intercambios con los productores agropecuarios y trabajadores, expusieron las principales dificultades que frenan el estable funcionamiento de las entidades encargadas de la compra y comercialización de productos agrícolas.
La diputada por Artemisa, Margarita Soroa Valdés, coordinadora en ese territorio de la comprobación parlamentaria, explicó que allí el diálogo fue complicado, debido a que en su provincia no existe empresa provincial, sino que una persona es encargada de la comercialización y se subordina al grupo nacional; sin embargo persisten insatisfacciones entre los productores por el atraso en los pagos ante la falta de liquidez.
Entre las más cardinales ideas compartidas por la artemiseña y luego referenciada por otros diputados, fue el asunto concerniente a la necesaria capacitación de los dirigentes sobre las nuevas leyes (Decreto-ley 34 y 35). «Se sigue mencionado el tema de los precios, la calidad, el tener que comprar en un municipio para vender en otro, dada la insuficiencia de la producción, desde el punto de vista de la comercialización lo más urgente es resolver el tema de los atrasos en los pagos, pensando en ese campesino que se levanta desde las 3 o las 4 de la madrugada a trabajar la tierra», afirmó Soroa Valdés.
El Ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, agregó que Mayabeque, Artemisa y el municipio especial Isla de la Juventud no cuentan con empresas de Acopio en sus jurisdicciones. Los pagos atrasados se concentran en las provincias más jóvenes, relacionado con los problemas de la empresa de Acopio de La Habana, territorio al que expenden los productos agrícolas.
Ramón Aguilar Betancourt, quien dirige la Comisión Agroalimentaria consideró que «Lo que establece el decreto ley 34 sobre la creación de unidades empresariales de base, hemos visto que en muchos lugares se desconoce», y en ese sentido sugirió que el Grupo Empresarial debe diseñar un programa de capacitación para los dirigentes.
Al dirigirse a los diputados de ambas comisiones y a los representantes de Acopio presentes en el salón, Aguilar Betancourt preguntó: ¿Cómo la empresa logra autoridad si después no le paga a los productores? Sobre esa línea intervino entonces el Vicepresidente Primero del OSDE, Ramón Alfredo Rosa Martín, quien reconoció las dificultades y dijo que se dispone de un cronograma de trabajo, de un grupo de medidas para saldar las deudas, problema que no ocurre en todas las provincias.
De hecho existen empresas que generan utilidades, asunto que también se analizó a partir de que estas ganancias no solo deben destinarse a los salarios, sino que pueden emplearse en resolver problemas de vivienda de los trabajadores, en crear un fondo para contingencias o a la actividad innovadora que impacte después en incremento de las producciones y calidad de los servicios.
Ydael Pérez Brito, Ministro de la Agricultura, explicó que Acopio ha vivido durante los últimos 4 años un proceso de transformación, que ha buscado desmonopolizar la comercialización, hacerla más flexible, con menos intermediarios, lo que ha influido en que hoy solo el 18 % de esta actividad se concentre en la empresa estatal. «Sin quitarnos responsabilidad» -dijo- ¨debemos seguir trabajando en su fortalecimiento¨.
“Acopio no ha aprovechado el Decreto Ley 35 que flexibiliza la actividad de comercialización -continuó Pérez Brito- tienen que buscar mayor protagonismo en la comercialización minorista de productos agropecuarios, igual pasa con la creación de colectivos laborales”.
En coherencia con el titular de la Agricultura, el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, coincidió con los resultados de la comprobación recogidos en el informe, afirmó que las transformaciones en la política de comercialización de los productos agropecuarios han impactado positivamente y ha estimulado a los trabajadores de la tierra, no obstante resolver el problema del pago atrasado de los que tienen contratos con Acopio continúa siendo la verdadera dificultad.
«Las leyes aplicadas aún tienen reservas, no se ha llegado a abarcar toda la actividad de contratación», consideró Valdés Mesa, que relacionó dicho asunto con la importancia de elegir en la conformación de los colectivos laborales al jefe más preparado con conocimiento de las normativas que rigen y han flexibilizado la actividad de contratación y comercialización.
Ante las dificultades detectadas al concluir el tema abordado de conjunto por las comisiones de Asuntos Económicos y Agroalimentaria, los diputados aprobaron la decisión de realizar durante los primeros meses de la próxima legislatura, una evaluación de la actividad acopiadora de productos agropecuarios.
