Cuba puso en vigor un nuevo paquete normativo para perfeccionar el sector presupuestado, a partir de la publicación del Decreto 127 y sus disposiciones complementarias en la Gaceta Oficial de la República.

Las medidas buscan flexibilizar su gestión, redimensionar estructuras y elevar la eficiencia económica y social, según explicó Berta Iris Rojas Gatorno, directora de políticas financieras del Ministerio de Finanzas y Precios.

"La norma -precisó- tiene un alcance amplio y llega a todas las entidades presupuestadas del país, incluidas las subordinadas a organismos de la Administración Central del Estado y a los gobiernos locales. En total, abarca alrededor de 2 443 unidades, que concentran más de la mitad de la fuerza laboral activa de esta esfera."

La funcionaria señaló que el objetivo principal es reducir gastos administrativos, ordenar las estructuras internas y fortalecer el papel de estas instituciones en la economía y en la gestión territorial.

Redimensionar la administración pública

El nuevo marco legal responde al Programa de Gobierno para la economía en 2026 y forma parte del proceso de redimensionamiento de la Administración Central del Estado.

La intención, de acuerdo con las autoridades, es hacer más racional el uso de los recursos humanos y materiales, al tiempo que se eliminan cargos que no están vinculados directamente con la actividad esencial de cada entidad.

También se busca una mayor eficiencia en los niveles de dirección, con estructuras más ligeras y funcionales, capaces de aportar mejores resultados al presupuesto estatal y a los servicios públicos.

Nuevas reglas para organizar y decidir

Uno de los cambios más importantes es que el Decreto 127 establece por primera vez una definición jurídica para el sector presupuestado.

Además, otorga personalidad jurídica a la gestión financiera de las entidades, en correspondencia con la Constitución cubana.

La norma también modifica el procedimiento para crear, fusionar, extinguir o trasladar unidades presupuestadas. A partir de su entrada en vigor, esas decisiones deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Finanzas y Precios, lo que traslada esa facultad desde el Ministerio de Economía y Planificación.

Por más autonomía

El paquete normativo amplía las facultades de los jefes de organismos para aprobar actividades autofinanciadas. Esto permitirá que algunas unidades desarrollen iniciativas propias sin depender del financiamiento estatal, siempre que cumplan con sus obligaciones fiscales y realicen aportes al presupuesto.

 Rojas Gatorno aseguró que el propósito es estimular una mayor productividad e ingresos dentro del sector, con impacto directo en la calidad de los servicios y en determinadas actividades productivas y comerciales.

Unidades con tratamiento especial

Las unidades presupuestadas con tratamiento especial tendrán un nivel superior de autonomía financiera y de gestión. Podrán generar utilidades, formar reservas al cierre del ejercicio y destinarlas a fines como vivienda, responsabilidad social o reaprovisionamiento.

En estos casos, también podrán diseñar su propio sistema salarial y, según su desempeño, incluso transitar hacia la condición de empresa estatal socialista.

No obstante, ese esquema no se aplicará a áreas sensibles como salud y educación, sino a entidades con capacidad real de autofinanciamiento, como ciertos registros y servicios especializados.

Orden laboral y salarial

Por su parte, Guillermo Sarmiento Cabaras, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, destacó que el decreto introduce un marco regulatorio integral para la actividad presupuestada.

En el plano laboral, la prioridad será lograr estructuras más planas, ágiles y transparentes, con una mejor utilización del personal.

Entre las disposiciones destaca que los cargos ajenos a la función principal de cada entidad no deberán superar el 30 % de la plantilla, con el fin de evitar sobredimensionamientos y mejorar la eficiencia organizativa.

Cuestión de incentivos

Otra de las novedades está en el ámbito salarial. Las unidades con tratamiento especial que se autofinancien totalmente podrán diseñar su propia organización salarial, sin depender de la escala general del sector presupuestado.

Las que solo se autofinancien parcialmente también podrán aplicar sistemas de pago a todos sus trabajadores, y no solo a quienes participen directamente en la producción.

Además, las actividades autofinanciadas dentro de unidades tradicionales podrán implementar mecanismos de pago, lo que abre nuevas posibilidades para estimular el trabajo y aumentar los ingresos.